LA PERMANENCIA EN EL EMPLEO Y LA LEY 80


La industria de bienes raíces atraviesa una metamorfosis la cual afecta directamente a los consumidores. Luego de la llamada burbuja hipotecaria en Estados Unidos, y por ende aplicable a la banca hipotecaria en Puerto Rico, las nuevas regulaciones hicieron más exigente los requisitos de un financiamiento. Más sencillo, se acabaron los tiempos de la flexibilidad y el financiamiento creativo, lo que supone mayor rigidez en la otorgación de un préstamo hipotecario.

Con esa realidad de negocio tiene que vivir nuestra industria hipotecaria. A ello añádale elementos adicionales, que aunque no lo parezca están relacionados.

Lo intereses hipotecarios cambian de forma cotidiana de acuerdo al comportamiento económico lo que conlleva el alza en los intereses. En Estados Unidos suben los intereses a la par con el mejoramiento en su economía; lo que es aplicable a Puerto Rico sin tomar en cuenta el elemento de la depresión económica que vive el país. Como se aprecia tal situación afecta directamente el mercado hipotecario.

El escenario se graba si en Puerto Rico se legisla en contra de las aspiraciones el mercado de compradores. Eso es lo que sucede con la Reforma Laboral, aprobada en el 2017 y la propuesta por el Junta de Control Fiscal. Sobre el particular veamos el siguiente ejemplo.

La ley 80 se enmendó el pasado año 2017 con la reforma laboral y elevó el período probatorio de 3 meses a 9 meses. Obviamente de esta manera se afectó al prospecto comprador. Hoy se plantea la derogación total de la ley 80. De derogarse esta ley es obvio que ya no se tendría ningún período probatorio y por ende la expectativa de permanencia en el empleo quedaría sin cumplirse. Esto porque al derogarse el estatuto en términos prácticos no habría período probatorio que antecediera la permanencia, y por ende ser “permanente en el empleo” no estaría disponible para empleados.

En otras palabras, la derogación de la ley 80 nos trae la incertidumbre de crear un tipo de empleo sin ningún período probatorio y sin ninguna expectativa de permanencia. Ese nuevo escenario de riesgo es parte de lo que tendría que sopesar los underwritters a la hora de dar paso o no a la aprobación de una hipoteca, lo que haría más difícil o imposibles para algunos el poder comprar.

De esta manera es de rigor que la Asamblea Legislativa sopese el costo social que conlleva la derogación de la ley 80. Esto porque derogar la ley 80, para complacer  caprichos de la Junta de Control Fiscal, desde la perspectiva hipotecaria marcaría un precio inalcanzable para muchos al momento de querer comprar su hogar.

 

 

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La REFORMA LABORAL; LA JUNTA Y LOS BIENES RAICES


La llamada Reforma Laboral propuesta por la Junta de Control Fiscal (JCF) atenta contra las aspiraciones de muchos puertorriqueños a quienes les urge tener y mantener un techo digno para sus familias. Esto porque la propuesta laboral de la Junta limita considerablemente el acceso a financiamiento hipotecario. Esta propuesta, es el complemento de la reforma en el sector público en el 2017 la cual le subió la vara de cualificación a compradores empleados de gobierno. Aquella reforma en 2017 y ahora esta reforma en el 2018 ponen en riesgo la estabilidad de empleo de muchos puertorriqueños, y por lo tanto su estabilidad financiera.

Según informes publicados la referida Reforma Laboral impulsada por el Presidente de la  JCF, José Carrión III propone la eliminación de la Ley 80 que protege a trabajadores contra los despidos injustificados. Esta Reforma Laboral es una torpeza en términos hipotecario, ya que pretende crear un ambiente laboral en Puerto Rico similar al ambiente laboral de Estados Unidos. Tal escenario es incompatible con nuestra realidad, donde vivimos una economía diferente a la estadounidense. Aquí estamos en recesión hace más de 10 años y allá es una de las economías más fuerte del mundo.

Para dramatizar esa premisa solo habría examinar el siguiente hecho. Al aprobarse un financiamiento hipotecario el comité de crédito bancario lo que mide es riesgo. De eliminarse la ley 80, como propone la JCF los que hoy tienen empleo bien remunerados quedan vulnerables frente al patrono y podrían ser víctima del fenómeno del desplazamiento.  Allá Estados Unidos sin ley 80 un desplazado pueden emplearse rápidamente, contrario a Puerto Rico donde no sería tan fácil por ser una economía que emplea menos de 40% de su fuerza laboral. Ese fenómeno se explica por si solo, en una economía robusta las expectativas de emplearse son mayores que en una economía en contracción como la nuestra.

Ese escenario de riesgo es parte de lo que sopesan los underwritters a la hora de dar paso o no a la aprobación de una hipoteca. Una expectativa de emplearse asegura el pago de una hipoteca en EU contrario a Puerto Rico a desempleados le han el gobierno les ha pagado con cheques sin fondo.

El perfil del empleado que crea la Reforma Laboral de la JCF es contrario a los mejores intereses de industria hipotecaria y de los puertorriqueños. La misma empobrece a los ya vulnerables prospectos compradores, y de eliminarse la ley 80 pone al borde de abismos a dueños de propiedad. Es decir, la eliminación de la ley 80 deja indefenso a los titulares de vivienda frente a patronos que caprichosamente quieran reemplazar a un empleado por razones no justificadas. Esto abonaría al espiral de propiedades reposeídas.

Voy más lejos, la Reforma Laboral de Rosselló aprobada en 2017 distanció el sueño hipotecario de muchos en el sector público cuando prolongó los periodos de permanencia en el empleo y eliminó parte de la compensación por horas extras. La Reforma Laboral de la JCF es un complemento de la anterior con esteroides. Por aún, la derogación de la ley para proteger a los empleados en el sector público (Ley 80) no solo es un capricho de la Junta de Control Fiscal, sino que la derogación del estatuto fue objeto de una negociación con el Gobernador Rosselló a cambio de que se la aumentara el presupuesto $$$ a la Fortaleza en 182%. Fíjese amigo lector que tal “trueque” es una barbaridad que el Presidente del Senado Tomás Rivera Shatz ha criticado la negociación entre el Gobernador y la Junta de Control Fiscal diciendo y citamos “la dignidad, la sensatez y la razón están por encima de otras consideraciones”.

Por último y no menos importante es bueno señalar que ambas reformas, la del Gobernador en el 2017 y la de la JCF en el 2018,  tienen una misma particularidad.  En ambos escenarios en su mesa de diseño no hubo los estudios que indicaran la cantidad de nuevos empleos a crearse. Ambas son similares porque distancian o imposibilitan a muchos puertorriqueños del sueño de tener un hogar propio. De paso me pregunto;… ¿Dónde están los que vociferan en las redes sociales ser los defensores del hogar puertorriqueño?

Es importante recalcar que los empresarios en Puerto Rico no son los compradores de viviendas cotidianos y tampoco son amigos de crear los perfiles de compradores que necesita la industria hipotecaria. Ante este escenario y siendo “la voz de los bienes raíces” en el ejercicio de ser REALTOR®, denunciamos como enemigos de industria hipotecaria y de bienes raíces a todo aquel que al igual que José Carrión III y Natalie Jaresko favorezcan  la mal llamada Reforma Laboral del 2018 y se queden callados.

 

 

ASUNTO PENDIENTE DEL “SHORT SALES”


(Recientemente en un seminario del Caguas Board, la conferenciante Wanda Sanchez nos alertó sobre este problema donde ya consumidores han recibido la 480 del Departamento de Hacienda luego de cerrar una transacción de “Short Sales”) La pregunta resulta ser de rigor, ¿estamos pro-activamente consientes de este problema,..?

La deceleración y posterior contracción de la economía, acompañadas por un aumento en el  índice de desempleo, con la consabida pérdida de “confianza” por parte de los consumidores, han sido algunas de las causas principales, por la cual prácticamente todos los mercados de bienes raíces en Puerto Rico estén saturados. Es decir, hay más propiedades disponibles, que compradores listos, deseosos y capaces de adquirir las mismas.  Como resultado de estos hechos, la máxima económica, de oferta y demanda, entra en juego y tanto los valores como los precios de las propiedades descienden.

Estos factores han creado una nueva realidad, donde en una cantidad considerable de mercados, el balance del préstamo hipotecario supera el valor de la propiedad.  Como consecuencia de este fenómeno, unido a la reducción de ingresos que experimentan muchos ciudadanos, viendo así, su capacidad de pago reducida, una buena cantidad  de propiedades, se encuentran en condición de “distress”.  Es decir, las mismas se encuentran en atraso de pago o en atraso inminente y corren el riesgo de ser reposeídas, por lo cual, sus dueños, cada día más, acuden a las instituciones financieras a solicitar los servicios del Departamento de Mitigación de Pérdida correspondiente. Una de las herramientas disponibles para paliar este escenario es el “Short Sale” es, la solución negociada.

De esta manera una institución hipotecaria y un prestatario autorizan a un agente de bienes raíces a vender una propiedad en un precio de venta por debajo del balance del préstamo hipotecario, para evitar la ejecución de la misma.  De ahí, el término “Short Sale” o “venta corta”, ya que al cierre, el sobrante se queda “corto” del total adeudado y siempre habrá una deficiencia en la transacción.  Se entiende por deficiencia, la diferencia entre el precio de venta y el balance del préstamo hipotecario o la perdida monetaria que el banco ha incurrido.

Aunque en términos generales el cobro de dicha deficiencia queda a la discreción del prestamista, en aquellos préstamos donde “Fannie Mae” o “Freddie Mac” están envueltos, es requisito que dicha deficiencia se cancele.  En los casos donde el mercado secundario no está envuelto y dicho préstamo esté en “cartera”, lo más temprano posible en la negociación, se debe documentar si la institución financiera tiene la intención de cobrar o cancelar la misma y no cobrarla.  Tanto “Fannie” como “Freddie Mac”, estimulan  e  incentivan a las instituciones financieras para que también cancele la deficiencia en aquellas transacciones cuando la transacción de “Short Sale” en cuestión es de un préstamo en “cartera”.

 Paradójicamente, la cantidad de dinero en “deficiencia”, podría ser reportada a Hacienda como ganancia del vendedor a quien se le condonó dicha deuda. De esta forma el mecanismo de “short sale” podría tener consecuencias contributivas como resultado de una venta. Cuando un banco pierde dinero en un “Short Sale” el IRS requiere al banco que someta una Forma 1099c indicando el monto que se condonó al vendedor. Los vendedores tienen que reportar esta cantidad condonada por el banco como ingresos regulares y pagar impuestos sobre esta cantidad como ingresos adicionales. Pero, si el vendedor puede comprobar legalmente insolvencia, lo que ya hizo cuando autorizo el “Short Sale”, el vendedor podría tal vez no tener que pagar contribuciones.

Para evitar márgenes a la interpretación sobre este particular el “MORTGAFE FORGIVENESS DEBT RELIEF ACT OF 2007 HR 3648” fue aprobado por las dos cámaras del Congreso y fue firmado por el entonces Presidente Bush. De esta manera se libera a los vendedores insolventes de “Short Sale” de cualquier responsabilidad contributiva producto de una deuda condonada. Al ser una transacción donde no hay sobrante para el vendedor; y la pérdida del banco se debe a la incapacidad de pago del vendedor resultaría en una penalidad el requerir a éste el pago de contribuciones. Peor aún, si en términos practico un vendedor insolvente que le imponga una contribución por evitar una ejecución le resultaría en un escenario algo confuso y no estimularía que se eviten las ejecuciones de propiedad en el país.

Ante ese escenario se hace indispensable que esta Asamblea Legislativa intervenga para proteger el interés público, estableciendo claramente la política pública referente al pago de contribuciones por ventas “Short Sales”. De esta manera protegeríamos a los vendedores insolventes camino a su recuperación y estabilidad económica; además de atemperar nuestro código de rentas internas a las disposiciones  del  “MORTGAFE FORGIVENESS DEBT RELIEF ACT OF 2007 “.  Sobre el particular el Rep. Jesús Santa Rodriguez radicó el P de la C 733,..ahora los que somos la voz de los bienes raíces nos toca hacer nuestra parte.

EL CARTEL DE LAS PLACAS SOLARES (Parte 2) 


En la edición pasada denunciamos en este espacio la intentona de algunos inversores de placas solares en convertir el mercado de energía solar en una especie de finca privada.  Estos aprovechando la crisis existente en la  Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), han pretendido engañar al pueblo ofreciendo el beneficio de reducir la factura en un mínimo de 2 o 3 centavos por debajo de kilovatio hora que se le paga a la AEE. Voy más lejos el truco de estos inversores es que lo que ofrecen por un lado como beneficio, por otro lado dicho “beneficio” se convierte en una pesadilla al consumidor al final del camino. Veamos.

¿Por qué decimos que un beneficio de 2 o 3 centavos que ofrecen los inversores de placas solares es mínimo? La razón es sencilla, el sol es gratis y el derecho de superficies donde se monta el equipo también es gratis para el inversor. Alguien nos dirá que el equipo es lo más costos en este tablero, lo aporta el inversor ante la poca capacidad económica del abonado. Esa premisa es una media verdad. Estos inversores, en muchos casos, adquieren el equipo de China a costo ridículo. Pero “de facto” en la ecuación del negocio la ganancia de estos personeros se triplica. Esto sucede cuando en una especie de “alquiler con opción a compra” a 25 años del equipo el abonado habrá sobre pagado dicho equipo el cual al final posiblemente será un obsoleto.

Pero eso no es todo, según informes recibidos por este columnista muchos de estos equipos tienen “errores de diseño”. Esto causa una deficiencia en la producción de energía en el hogar, que a su vez obliga al abonado a tener que suplir esa deficiencia comprando la energía de la forma tradicional a la AEE. Es decir, el abonado tendrá que pagar lo contratado por 25 años al inversor y también pagar un consumo a la AEE. Cuando se suman estas dos facturas el abonado termina pagando más cara la energía ya que en muchas ocasiones pagara más que cuando no se tenían las placas solares en el hogar.

Para que se tenga una idea de esta premisa, tengo en mi poder un contrato de energía fotovoltaica de la compañía Sunnova. El mismo establece una contratación a 25 años por la producción de energía a 19.9 el kilovatio hora; que es precisamente el mismo costo en mi hogar donde la factura es de la AEE sin placas solares.  Juzgue usted si esta contratación pudiera ser engañosa y en perjuicio de un abonado que ya está maltratado económicamente por la AEE.

Peor aún, la campaña de estos “buitres solares” es tan engañosa que le aseguran al consumidor que con sus placas solares el hogar adquiere mayor valor. Sobre el particular consulté con dos tasadores y la conclusión es la misma. Al ser un equipo alquilado no es parte de la estructura (la casa) y por lo tanto no se considera en un ejercicio de valoración. Tampoco dicho sistema al no estar certificado por el mercado secundario, quien compra las hipotecas, el mismo no será considerado en la eventual tasación de la propiedad. Fíjese amigo lector que el engaño y el timo de estos inversores del “cartel de las placas solares” está fuera de toda proporción imaginable.

Como se puede apreciar en el asunto de tener placas solares para dejar de ser esclavo de la AEE, se ha convertido en un riesgo donde los abonados, como se dice pueblerinamente queriendo salir de “Guatemala, se meten a Guatepeor”. Es por ello que el tema requiere mayor profundidad e investigación en defensa del consumidor y abonado puertorriqueño. Es por ello que en los próximos días estaré promoviendo una investigación legislativa, de lo que abundaremos próximamente.

 

EL CARTEL DE LAS PLACAS SOLARES


El asfixiante problema del alto costo que refleja la factura de energía eléctrica lleva a muchos puertorriqueños a pensar en la alternativa de tener su propio sistema de placas solares. Nada más lejos que la verdad. Respondiendo a esa aspiración desde el 2010 se legislaron las leyes de “Diversificación Energética”, “Energía Renovable Sostenible y Alterna”, y la de “Transformación y ALIVIO Energético”. El problema ha sido que cuando salieron al mercado los equipos de energía renovable, como son las placas solares, su costo resultó en un elemento que el consumidor no podía superar.

Es decir, ¿como un abonado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que tiene dificultad para pagar su factura, podría invertir sobre $40,000 en su hogar para librarse del abuso en la factura de la AEE? Esa pregunta no se contesta con las nuevas leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa desde el 2010 al presente. Así se ha desvanecido el sueño de muchos de poder olvidarse de la esclavitud de la AEE.

Es bajo ese escenario que se crea en el país el “cartel de las placas solares”. De esta manera  la industria energética comienza a desarrollar una compaña brutal ante los abonados para llenarle los ojos con su producto de sistemas energéticos de placas solares. Como se conoce del problema sobre lo poco accesible de este producto, debido

al alto costo del mismo lo que lo hace inalcanzables al consumidor, los regentes del  “cartel de las placas solares” disfrazan tal problema con una especie de alquiler con opción a compra. Ahí precisamente está el truco, donde muchos han caído.

El resultado neto del truco “cartel de las placas solares” es que el abonado deja de ser esclavo de la factura de la AEE para ser esclavo de un inversor de placas solares. Para colmo este inversor no está en Puerto Rico ya que se ubican en alguna jurisdicción de los Estados Unidos.

Como se aprecia de salida y sin entrar en mayores detalles (lo que haremos más adelante) vemos como el país con las nuevas leyes energéticas está a la merced de los grandes inversores $$$ que ven la isla como un botín o finca privada para generar ganancias, sin ninguna conciencia social.  Es decir, estos inversores nos les importa el momento histórico que vive el país, particularmente los abonados de la AEE. Peor aún, en el tema de la energía solar el país está bajo el asecho de algunos inversores que representan una versión energética “de los inversores de fondos buitres” cuyo animo es ganar dinero a cuenta de la desgracia o necesidad del pueblo de Puerto Rico.

Para que se tenga una idea del escenario anterior en el caso de la compañía de sistemas solares Sunnova Energy Corporation el co-fundador de esta William J. (John) Berger fue citado en un medio digital en Houston Texas diciendo “aunque la energía solar es comúnmente vista en un contexto ambiental, Berger tiene una motivación verde diferente a las demás. Nuestros inversionistas mayormente invierten su dinero en la industria del gas y el petróleo e inversionistas intermedios,” dijo Berger al referido medio; para posteriormente añadir que “ninguno de ellos están aquí para salvar el planeta. Están aquí para ganar dinero.”

Lo alegadamente expresado por el éste inversor $$$ de Sunnova, me indica fuera de toda duda que en Puerto Rico con las leyes aprobadas por el PPD y el PNP  ya nació el “cartel de las placas solares”. De ello y otros interesantes detalles abundaremos en nuestro próximo escrito.

LA COMISION DE LA IGUALDAD DEL PNP  


Como era de esperarse el Gobernador del PNP Ricardo Rosselló nombró a las primeras cuatro personas en el llamado Plan Tennessee.  Me refiero a los nombramientos de los ex-gobernadores Carlos Romero Barceló y Pedro Rosselló González, así como el ex-presidente del Senado Charlie Rodríguez y el ex-pelotero de las Grandes Ligas Iván Rodríguez Torres. Dicha comisión tiene el propósito, según la ley del PNP, de promover en el Congreso y en el gobierno federal la estadidad, con el telón de fondo de haber obtenido un “mandato” en el plebiscito del pasado 11 de junio.

Aunque el estatuto establece que el gobernador Ricardo Rosselló debe nombrar siete cabilderos que enviará a Washington como “senadores y representantes”, los cuatros designados son identificados como demócratas, y el resto serán nombrados “en los próximos días” y serán republicanos según dijo el gobernador Rosselló. En el evento de estos nombramientos me llaman poderosamente la atención un contraste particular, el cual a continuación trataré de analizar.

¿Los nombrados son comisionados de la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, o son cabildero de la estadidad según el Plan Tennessee? El nombre no hace al santo, dirán algunos como reza el viejo adagio. Lo que sucede es que el PNP se ha distinguido por dar un discurso aquí y otro discurso allá cuando se trata de temas políticamente neurálgico. Esa conducta a todas luces nos dice que en el asunto del Plan Tennessee hay un cambió la estrategia. Es decir, para las gradas estadistas en Puerto Rico los nombrados serán los “2 Senadores y 5 Representantes” que irán a Washington a empujar el “ideal”; pero una vez estos lleguen a los pasillos del Capitolio Federal serán los comisionados de la “Comisión de la Igualdad” que abogaran por el estado 51. En otras palabras, allá el PNP no se atreverá decir que son un facsímil razonable boricua del Plan Tennessee. Como se aprecia ese cambio de estrategia no es semántica, es que el PNP sabe que debido al histórico rechazo a la estadidad, no se hace es posible emular los principios de los forjadores del verdadero Plan Tennessee de 1795.

En otras palabras el PNP no se atreve emular lo que en la campaña dijeron emularían. No tiene la “babilla” para  aprobar la “constitución del estado 51” sin autorización del Congreso; celebrar elecciones para elegir los senadores y representantes congresionales, y, finalmente, enviar la delegación a Washington a exigir la estadidad y lograr que el Congreso le apruebe un “acta de admisión”.

Voy más lejos, el PNP sabe dos cosas bien importante cuando se trata de los principios del llamado Plan Tennessee. Saben que no tienen los “testículos político” para hacer lo fue adoptado con éxito por Michigan, Iowa, California, Oregón, Kansas, Alaska y posteriormente New México  aunque tardaron 62 años. Y saben que el llamado Plan Tennessee pasó de moda y no tiene razón de ser en esta época moderna. De hecho durante la compaña primarista Rossello-Pierluisi el ex–Gobernador Romero Barceló criticó a Ricardo Rosselló y dijo que para conseguir la estadidad era mejor utilizar a “abogados y a cabilderos efectivos en el Congreso”. En ese momento Romero planteó que el Plan Tennessee no funcionaría y puso como ejemplo el caso Washington D.C. cuando nombraron a Jesse Jackson para que los representara en el Senado y “a los seis meses ya nadie le hacía caso” dijo el veterano ex-Gobernador.

Como se aprecia uno de los criticó del Plan Tennessee de Ricardo Rosselló ahora es comisionado de la llamada Comisión de la Igualdad. Eso nos muestra fuera de toda duda que sin decirlo echaron al zafacón el Plan Tennessee, lo que por lógica nos lleva a la conclusión que nuevamente el PNP el miente al país y a su electorado con su doble discurso.

 

 

LOGROS DEL PNP y EL PLESBICITO


Luego del evento electoral del pasado 11 de junio es de rigor hacer una reflexión sobre el logro, si alguno, del plebiscito celebrado. Para ello será un requisito “sine qua non” considerar las reacciones de los diferentes sectores luego del evento y los resultados del mismo. Veamos.

El PNP celebra el triunfo abrumador de la estadidad y minimiza la baja participación electoral. La oposición política, entiéndase PIP y PPD reclama el triunfo del boicot. En términos práctico el país monitoreo el evento pero no ejerció el derecho al voto, porque la mayoría del electorado no validó la consulta.

Como se sabe los anexionistas reclaman una victoria por haber obtenido el 97% de los votos. De esta forma el PNP menosprecia a los que no somos estadistas que no participamos en la contienda por entender que la misma no era el verdadero proceso de descolonización que demanda el país independientemente la preferencia ideológica. Ese 97% de votos no representa la mayoría; frente a universo de lo que aspiramos a que se resuelva el centenario problema del estatus. Es decir, el PNP en vez de tomar el camino de la inclusión y presentarle al país un proceso justo y equitativo para obligar a que Estados Unidos que tomar en serio el problema colonial puertorriqueño; prefirió el camino de la “jabería política” y ahora  ya pagan el precio.

El resultado neto de esta “jabería política” es que nadie en Puerto Rico y mucho menos en Estados Unidos, cree que los puertorriqueños mayoritariamente quieren dejar de ser lo que somos; para disolvernos como Nación Boricua en otra nación como Estados Unidos.

Sobre el argumento de la baja participación electoral de 23% de los electores inscritos, también hay contradicciones en el discurso del PNP. En este caso el liderato anexionista alega que, los que acuden a votar son lo que cuentan. Para justificar ese argumento los líderes del PNP y sus “estaciones repetidora” en los diferentes niveles en la estructura anexionista, alegan que en Estados Unidos hay baja participación electoral en las elecciones presidenciales y congresionales. Lo que no dicen es que el ejercicio electoral en Puerto Rico tiene un principio distinto a ejercicio electoral de Estado Unidos. En Puerto Rico, como no hemos resulto el problema del status, cuando se elige un gobierno azul es para impulsar la anexión y cuando se elige un gobierno rojo es para perpetuar el coloniaje. 

En el caso de la nación americana estos resolvieron hace mucho tiempo, y a tiro limpio, su grandes diferencias políticas y de estatus. Eso quiere decir que los que no votan en Estados Unidos en su gran mayoría consienten la decisión de lo que votan, ya que después de todo los que se eligen es para administrar los bienes de esa nación. O sea la comparable no nos aplica y el PNP de forma acomodaticia prende imponer un criterio que a todas luces no es aplicable a nuestra realidad política.

Pero si fuéramos a tomar como reales los argumentos del PNP luego del plebiscito para mí el debate sigue siendo intrascendente. En otras palabras si es aceptable el 23% de participación electoral, como dice el PNP y el 97% del universo electoral puertorriqueño es anexionista; esa expresión matemática es inmaterial a la hora a adelantar la descolonización del país porque todos sabemos los trucos del PNP en la mesa de diseño de la pasada consulta.   

Así las cosas el único logró del PNP en el pasado plebiscito es que ahora tienen el país aún más divido y polarizado en el tema del estatus. Auguramos que la intentona del PNP de seguir atragantándonos su formula anexionista con el Plan Tennessee y usando fondos públicos, dividirá aún más al país. Esto en una época de crisis lo que son malas noticias para tod@s. 

 

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