EL PRECIO DE LA CRISIS

Es estipulable que Puerto Rico vive una gran crisis económica. En cualquier fila, ya sea en una panadería o un banco, el comentario del ciudadano es de índole pesimista e incertidumbre. Por otro lado están los optimistas quienes llevan de 8 a 10 años argumentando la célebre frase que postula “la crisis es la madre de la inversión”. Algunos de éstos últimos viven a costillas del esfuerzo de otros creando falsas expectativas para así enriquecer sus arcas. Es decir, son los que se benefician de la desgracia de algunos para engordar su peculio.

 Independientemente sea un optimista o un pesimista lo cierto es que Puerto Rico lleva más de 10 años en una caída libre donde el deterioro es en todos los órdenes. Ese deterioro tiene ramificaciones tanto en lo económico como en lo social. En otras palabras, la quiebra es a lo largo y ancho del país, sin que se asomen alternativas que vayan directamente al meollo y esencia del problema puertorriqueño. De igual forma nadie quiere aceptar el precio que corresponde para paliar la crisis.

Por otro lado hay que reconocer que en el gobierno, independientemente si estamos o no de acuerdo, se han presentado ideas (entiéndase legislación) como aportaciones para atender asuntos particulares; pero de buenas a primera surge la oposición del sector, dígase afectado. Dicho de otra forma, todos los sectores del país reconocen la necesidad económica que existe, pero nadie quiere que se le toquen sus intereses.

Así vemos como el sector bancario se opuso a una nueva contribución a las transacciones electrónica, diciendo que ellos no eran responsables de la crisis. Las mega-tiendas, quienes diariamente se llevan del país millones de dólares en ganancias, impugnaron la patente nacional y alegan que tal impuesto afecta la creación de empleos; como si no sepamos que los «Walmart» de la vida crean mas empleos  «part time» que empleos bien remunerados.

Para no quedarse atrás, los millonarios de dos fundaciones donde los bonistas depositan sus inversiones, acaban de impugnar la ley que daría paso a la restructuración de la deuda en las corporaciones pública. La primera alegación de este recurso en la Corte Federal, entre otras, es que la Legislatura puertorriqueña no tiene el poder para legislar una quiebra criolla de sus corporaciones públicas. La tesis de estas fundaciones es que los puertorriqueños no podemos reorganizarnos económicamente lo que daría paso a la desmantelación de la Autoridad de Energía Eléctrica, acueductos entre otras corporaciones.

Como vemos nadie queda complacido y nadie quiere aportar para sacar al país del pantano económico que nos encentramos. Eso si no faltaran, como ya han surgido, las propuestas para que sea el pueblo el que pague los platos rotos.

Todo este escenario no nos debe confundirnos. La crisis del gobierno, la crisis de las corporaciones públicas son manifestaciones de una crisis mayor ante el colapso de nuestro sistema y estructuras políticas. Es por esa razón que los bonistas van la Corte Federal alegando que es el Congreso de Estados Unidos quienes pueden legislar sobre leyes de quiebra y es por esa razón que las mega tiendas se llevan sus ganancias fuera del país aportando lo mínimo a nuestra economía.

En ambos ejemplos son hechos inequívocos que el escenario en que nos vemos, es de una indefensión política total con las consecuencias económicas que conocemos y sufrimos. Es por esta razón que el precio de la crisis, es el precio de ser colonia.

EL PRECIO DE LA CRISIS (PARTE 2)

En nuestro pasado escrito terminé señalando el acto de revanchismo de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, (AEE) al acudir estos a la Corte Federal a demandar al gobierno por la aprobación de la ley de “quiebra criolla”. Si recordamos uno de los argumentos de estos “usureros del capital” es que el pueblo de Puerto Rico, por medio de su legislatura, no puede legislar para proteger sus activos, por ser ello una responsabilidad congresional.  Dicho de otra forma, el amo en el imperio es quien decide en un tema como este, lo que deja al pueblo puertorriqueño en un estado de indefensión. Pagar la deuda es una obligación, pero no puede ser a costa de la salud fiscal y emocional de los puertorriqueños.

Sobre este tema, escuché al analista político Prof. José Arsenio Torres, decir que si en este pleito la corte federal se decidía que pagar a los bonistas está por encima de la obligación del Gobierno en atender las necesidades primarias del pueblo, tal decisión representaba el fin del Estado Libre Asociado (ELA). Esa posible decisión pondría de manifiesto lo que los anticolonialistas de las tres tendencias ideológicas hemos denunciado históricamente. El escenario es tal que hasta un defensor del “status quo”, como el conocido profesor, se percata de las debilidades de nuestro sistema y estructura política y como afecta ello al desarrollo económico.

En otras palabras de decidirse que la AEE tiene que pagar su crisis aunque el pueblo se muera de hambre, sería la evidencia más fehaciente que llegó la hora de redefinir la relación política entre la metrópolis y el pueblo de Puerto Rico. Dicho de otra forma, ante la difícil situación económica que vivimos obliga a que tengamos que buscar una salida política.  Ese parece ser el precio de la crisis, donde los que no querían tocar el tema del status, se verán obligados a trabajar con seriedad el tema.

De igual forma hay que señalar que el Congreso de Estados Unidos desde 1898 nunca ha tratado el tema del status de Puerto Rico con la seriedad que amerita. El nacimiento del ELA se produjo, entre otras razones para proteger la hegemonía norteamericana de cara a la 2da guerra mundial y ante el creciente animo independentista que predominaba en Puerto Rico en 1952. Para evitar que surgiera una crisis política, la cual ya asomaba, es que se legisla la Ley 600 lo que ayudó a disfrazar de cierta forma la colonia. Así Estados Unidos protegió sus propios intereses económicos y políticos de esa época.

Hoy la crisis es otra. Hay en Puerto Rico una seria crisis económica que amenaza con no tenerse con que pagar la deuda a inversionistas, entiéndase bonistas, quienes son los dueños del capital norteamericano. Es decir, la crisis nuestra les afecta a ellos y donde más le duele, en el bolsillo.

Es por esta razón que podríamos razonablemente postular que ante la crisis económica en el 2014,  aunque por diferentes motivos a la de 1952, podría ser una razón que lleve a la metrópolis a redefinir la relación política con Puerto Rico. Ninguna metrópolis puede darse el lujo de tener una colonia perdidosa frente a sus intereses. Por eso es importante seguir de cerca lo que pueda suceder con el desenlace de la ley de quiebra criolla y lo que acontezca en la corte federal en la impugnación de la misma.

Si el juez decide ese pleito a favor de los bonistas, se acabó el ELA como bien dijo José Arsenio y el pueblo de Puerto Rico se vería obligado a redefinir la relación política con Estados Unidos. Si por el contrario decide en contra de los bonistas, tal escenario le causaría a los dueños del capital problemas económicos que los lleven a buscar que sus aliados en el Congreso quieran redefinir la relación política con Puerto Rico buscando protección a sus intereses.