EL PRECIO DE LA CRISIS (PARTE 2)

En nuestro pasado escrito terminé señalando el acto de revanchismo de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, (AEE) al acudir estos a la Corte Federal a demandar al gobierno por la aprobación de la ley de “quiebra criolla”. Si recordamos uno de los argumentos de estos “usureros del capital” es que el pueblo de Puerto Rico, por medio de su legislatura, no puede legislar para proteger sus activos, por ser ello una responsabilidad congresional.  Dicho de otra forma, el amo en el imperio es quien decide en un tema como este, lo que deja al pueblo puertorriqueño en un estado de indefensión. Pagar la deuda es una obligación, pero no puede ser a costa de la salud fiscal y emocional de los puertorriqueños.

Sobre este tema, escuché al analista político Prof. José Arsenio Torres, decir que si en este pleito la corte federal se decidía que pagar a los bonistas está por encima de la obligación del Gobierno en atender las necesidades primarias del pueblo, tal decisión representaba el fin del Estado Libre Asociado (ELA). Esa posible decisión pondría de manifiesto lo que los anticolonialistas de las tres tendencias ideológicas hemos denunciado históricamente. El escenario es tal que hasta un defensor del “status quo”, como el conocido profesor, se percata de las debilidades de nuestro sistema y estructura política y como afecta ello al desarrollo económico.

En otras palabras de decidirse que la AEE tiene que pagar su crisis aunque el pueblo se muera de hambre, sería la evidencia más fehaciente que llegó la hora de redefinir la relación política entre la metrópolis y el pueblo de Puerto Rico. Dicho de otra forma, ante la difícil situación económica que vivimos obliga a que tengamos que buscar una salida política.  Ese parece ser el precio de la crisis, donde los que no querían tocar el tema del status, se verán obligados a trabajar con seriedad el tema.

De igual forma hay que señalar que el Congreso de Estados Unidos desde 1898 nunca ha tratado el tema del status de Puerto Rico con la seriedad que amerita. El nacimiento del ELA se produjo, entre otras razones para proteger la hegemonía norteamericana de cara a la 2da guerra mundial y ante el creciente animo independentista que predominaba en Puerto Rico en 1952. Para evitar que surgiera una crisis política, la cual ya asomaba, es que se legisla la Ley 600 lo que ayudó a disfrazar de cierta forma la colonia. Así Estados Unidos protegió sus propios intereses económicos y políticos de esa época.

Hoy la crisis es otra. Hay en Puerto Rico una seria crisis económica que amenaza con no tenerse con que pagar la deuda a inversionistas, entiéndase bonistas, quienes son los dueños del capital norteamericano. Es decir, la crisis nuestra les afecta a ellos y donde más le duele, en el bolsillo.

Es por esta razón que podríamos razonablemente postular que ante la crisis económica en el 2014,  aunque por diferentes motivos a la de 1952, podría ser una razón que lleve a la metrópolis a redefinir la relación política con Puerto Rico. Ninguna metrópolis puede darse el lujo de tener una colonia perdidosa frente a sus intereses. Por eso es importante seguir de cerca lo que pueda suceder con el desenlace de la ley de quiebra criolla y lo que acontezca en la corte federal en la impugnación de la misma.

Si el juez decide ese pleito a favor de los bonistas, se acabó el ELA como bien dijo José Arsenio y el pueblo de Puerto Rico se vería obligado a redefinir la relación política con Estados Unidos. Si por el contrario decide en contra de los bonistas, tal escenario le causaría a los dueños del capital problemas económicos que los lleven a buscar que sus aliados en el Congreso quieran redefinir la relación política con Puerto Rico buscando protección a sus intereses.